EL REINO DE LA CORRUPCION
Novela de Ciencia Ficción Sociológica

El presente y el pasado se entremezclan en el relato que de la vida social de un país ¿imaginario? hace el conductor a su joven acompañante durante el largo viaje de regreso a casa, después de una ruta comercial de varias semanas.
La acción se desarrolla en un futuro no demasiado lejano, en el que es posible vislumbrar rasgos característicos de nuestros días y nuestras sociedades.
Después de leerlo nos quedan claras muchas cosas que no debieran de ocurrir jamás. Pero, ¿no pasaron ya? ¿Es un simple novelista el autor? ¿Existe la verdad?

Autor: A. Quijano
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EL ASESINATO DE LA JUSTÍCIA

Por A. Quijano - 14 de Abril, 2009, 2:07, Categoría: General

        Fue el 17 de Julio de 1936 cuando se inició, aparentemente, la sucia conspiración que concluiría con la grave condena impuesta a la Justicia Española. Pero fue bastante antes que ese complot se puso en marcha.

       

       1855 durante el corto periodo progresista de Espartero, se legisló la llamada Desamortización de Madoz. Fue la más grande e importante de la época y duró hasta finales de siglo. Así como la de Mendizábal veinte años atrás afectó exclusivamente a La Iglesia y se manipuló gravemente, pues solo pudieron comprar los que ya tenían, esta afectó a bienes municipales del clero, la instrucción pública, la Beneficencia y la Corona, además de al clero secular. La nueva ley, también fue manipulada para que solo los de siempre comprasen  aunque esta, indirectamente sí benefició al Pueblo, además de armonizar la deuda, se destinó parte del producto de las ventas a equilibrar el presupuesto estatal y a subvencionar obras públicas, en especial el ferrocarril.

 Tal como se desarrolló el proceso desamortizador contribuyó absolutamente al cambio hacia una sociedad burguesa. Supuso el acaparamiento de una enorme masa de tierras por los nuevos propietarios y la unión de la antigua aristocracia feudal con la burguesía urbana para crear una nueva clase, poderosa y elitista, terrateniente.

      En 1932, tras largas e intensas discusiones y debates se aprobó en el Parlamento la Ley de Reforma Agraria a pesar del obstruccionismo realizado por los partidos de derechas, opuestos a esta reforma en representación de los intereses de los terratenientes. Hasta ese momento la situación era la resultante de las anteriores desamortizaciones y se podría definir como sigue:

Casi el 50% de la población activa era campesina y de ellos la mayoría eran jornaleros, es decir, sin tierras. El sur de España tenía una estructura latifundista, por lo que amplios sectores sociales soportaban una situación de miseria y paro que los llevaba a realizar ocupaciones ilegales de tierras, influidos por el movimiento anarquista.

En la Ley del 32 se desarrollaban las siguientes medidas, ya adoptadas por el anterior gobierno provisional para impedir el abuso de los latifundistas:   

Se prohibía a los propietarios de tierras que echaran a los campesinos que arrendaban  las tierras.                          Se aplicaba también a los jornaleros las jornadas de 8 horas ya conseguidas por los obreros industriales.           Se obligaba a contratar para el trabajo de las tierras a jornaleros del propio municipio.                                       Se obligaba a los propietarios a cultivar las tierras bajo amenaza de confiscación para evitar que los terratenientes boicotearan a la república dejando las tierras sin cultivar.

     El objetivo económico era aumentar la producción total del sector agrario y elevar el nivel de renta del campesinado, con ello se aumentarían los niveles de consumo y se estimularía el desarrollo de la industria y el intercambio comercial.

 Las tierras pertenecientes a la extinguida Grandeza de España quedaron expropiadas sin indemnización.       Todos los latifundios, terrenos sistemáticamente arrendados y tierras incultas o abandonadas se declararon expropiables a cambio de una indemnización del Estado.    Las tierras expropiadas se destinarían al asentamiento de campesinos, que explotarían las fincas de forma colectiva o cultivarían parcelas individuales, según ellos mismos decidieran.

Esta Ley fue de las primeras que derogo el Gobierno Clerofascista vencedor de la guerra civil.

Poco antes de promulgarse la Ley de Reforma Agraria, en octubre de 1931 el jefe del Gobierno Manuel Azaña declara:

España ya no es católica.

Actuando su gobierno en consonancia con ello. Desvinculando la Iglesia del Estado, mostrando así el avance hacia un Estado Laico, en consecuencia los subsidios que se otorgaban al clero quedaron abolidos. La educación no debía tener carácter religioso, sino que debía ser suministrada y subvencionada por el Estado (que aún con dificultades económicas, debido a las deudas por indemnizaciones del programa de desamortización de terrenos agrarios, fomentó la educación pública e inició la creación de nuevas escuelas), se introdujo el matrimonio civil, el divorcio y el entierro civil. Las reformas fueron interpretadas como un ataque hacia la Iglesia. El cardenal Pedro Segura y Sáenz se lamentó de este «severo golpe» y temió por la hegemonía eclesiástica en la nación. Desde este momento las diferencias entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno de la Segunda República Española se irían haciendo mayores.

                                                                                          Y las pastorales que se sucedieron una tras otra:

                                                                                  “Reviste sí, las características de una guerra civil pero es en realidad una cruzada”

Dieron a La Iglesia los mártires que necesitaba, fue la provocación y los actos de La Iglesia los que provocaron el revanchismo de un Pueblo que llevaba desde 1931 intentando asegurarse que comía todos los días y daba de comer a los suyos sin tener que mendigar cada mendrugo, y, de forma sucia e ilegal pretendían humillarlos con la fuerza de un ejercito traidor y golpista, que fue al que La Iglesia no solo se adhirió de forma inmediata, sino que desde 1931 conspiraba con monárquicos, falangistas y carlistas. La Historia ha demostrado que el día del levantamiento, el 17 de Julio, no fue en modo alguno por el asesinato de político alguno, estaba programado desde hacía meses, cualquiera que conozca el clima español comprenderá con facilidad por qué, la tropa se mueve mejor en seco y con calor, que con frío, barro y/o nieve.    

 La guerra civil: una cruzada

El golpe de Estado tenía motivos políticos, pero el conflicto pronto tomó un cariz religioso. La Iglesia Católica, cuyo poder había sido socavado, se convirtió en blanco de ataques. Trece obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos, 263 monjas y millares de personas vinculadas a asociaciones confesionales o meramente católicas practicantes fueron asesinados por revolucionarios opuestos al golpe militar, que equiparaban a la Iglesia Española con la derecha. Se saqueó y prendió fuego a iglesias y monasterios. Ante esta barbarie, la Iglesia confió en los sublevados para defender su causa y «devolver la nación al seno de la Iglesia».

Hoy también se sabe que muchos de estos muertos lo fueron en combate. O disparando desde lo alto de un campanario a lo francotirador.

La intervención del Vaticano por todo el mundo en apoyo de los nacionalistas españoles es el más importante esfuerzo internacional realizado por la Iglesia Católica en este siglo ». (Herbert R. Sothorth: «la propaganda católica y la guerra civil española»).

El 1 de Abril de 1939 con la victoria de los traidores a la patria y al Pueblo al que debían obediencia y servicio de armas, se dictó la condena definitiva y La Justicia fue sumariamente ajusticiada.

En los Juzgados hoy, se exhibe el símbolo de tortura en el que fue muerto supuestamente un señor hace dos mil años. Nuestros políticos juran su cargo ante el mismo símbolo de tortura, ante la Biblia Católica y ante el Rey; y La Iglesia, continúa de dueña de las almas de un porcentaje increíblemente alto de españoles, lo quieran estos o no, saltándose leyes de protección de datos (¡legalmente!), queriendo imponer sobre propios y extraños sus demenciales doctrinas de posesión incondicional de un Pueblo al que se ganó a tiros, cárceles de conversión, desaparición de niños de las presas y hambre, hambre para todos.

La Justicia en España hace mucho tiempo que murió. Y basta coger los periódicos de las hemerotecas para comprobarlo:

Las leyes de medio ambiente llevan a la cárcel a personas que cogen una flor. La Orquídea salvaje por ejemplo, de la que hay tantas especies que ni los expertos las pueden conocer todas, te lleva a la cárcel si un Civil del Seprona te sorprende metiéndole la nariz candorosamente en tus manos, y más te vale tener el dinero de la multa que te librará de entrar en la cárcel, por que sino de nada te valdrá alegar que eres de ciudad o cualquier otra causa lógica que explicaría sin duda alguna el qué hacía tu nariz dentro de aquella flor, que con mimo y embelesado cogiste en plena naturaleza. Una manzanilla salvaje te podría llevar por el mismo camino.

El Padre de una niña salvajemente asesinada en un aquelarre de sexo y violencia en Alcacer, que en el fragor de la batalla por hacer que las cosas se llevasen de otra forma a como se llevaron, a su entender de forma inadecuada, por parte de la Guardia Civil, los fiscales y los magistrados del caso, arremetió ciego de dolor desde los medios para llamar la atención sobre el caso, es hoy acusado por estos de 17 delitos, todos ellos relacionados con la imagen pública de estos señores. Yo he tenido la oportunidad de ver los ojos de este señor algún año después de los hechos, habitamos en la misma zona geográfica y he recorrido industrias de todo tipo por una pasada actividad comercial. Es un insulto a la inteligencia y a las mínimas normas del sentido común que nadie pretenda pedir responsabilidades de este tipo a este hombre, o una inmoralidad directamente. Perder una hija de esa forma. Lo cierto es, que el principal encausado escapó en una rocambolesca historia de paso de fronteras difícil de asimilar naturalmente. La imagen de todos ustedes a sido más lesionada por haber visto a este señor en el lugar donde no consiguieron sentar al “presunto último responsable” de la aberración cometida con su hija, que por los improperios que entonces éste les lanzara. Le piden 16 años.

En España hay más de 60 inmigrantes sin papeles, que están entre rejas cumpliendo hasta dos años de cárcel por vender en una esquina miserable unas copias mal grabadas de video o música.

 

Jueces, catedráticos y profesores de Derecho Penal han tomado partido públicamente y han auspiciado un manifiesto ante la criminalización e ingreso en prisión de los vendedores ambulantes conocidos como 'manteros', en el que piden que se modifique el Código Penal para que “la pobreza” no sea tan duramente “castigada”

 

Ha fecha de hoy sigue inamovible cualquier decisión ya tomada. “Palabra de dios”.

 

 Una mujer denuncia a su marido por maltrato psicológico y el juez ha dado carpetazo a su causa por parecerle sorprendente que una licenciada soporte ese tipo de maltrato durante años sin ponerle remedio. Esto está por escrito en el proceso tal cual. Sin consecuencias.

 Condenada una madre a no acercarse a su hijo de diez años durante 18 meses por un bofetón. Es una sentencia firme que a la vista de la familia, aparecida en todos los medios, es injustificable éticamente, el maltrato continuado es otra cosa, que yo he conocido en otras personas. Es mezclar churras con merinas, esta sentencia solo perjudica a un menor con deficiencia al que se priva de su madre en un alarde de justicia ciega. El maltrato continuado es otra cosa que evidentemente no se daba aquí. Sin consecuencias.

 

Pastor condenado por tener ovejas insumisas. El pastor que se internó en zona militar eludirá la cárcel con una multa de 3.240 euros.

Supongo que los tendría, por que si no... Los terrenos no están vallados.

 

El juez condena a un año de cárcel al mendigo que robó media barra de pan.

 

Ingresa en la cárcel siete años después de ser condenado y ya rehabilitado.

Ingresó y allí se quedó, vaya que sí.

 

 

D---- ------ participó en una manifestación antifascista el Día de la Hispanidad de 1998. Aquel día fue detenido por un delito de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Poco después, se le condenó a un año y medio de prisión y el joven pidió el indulto para evitar ingresar en la cárcel. La pasada noche de Reyes fue detenido y, si nada cambia, en diez días se formalizará su ingreso en un centro penitenciario. Su caso ha generado una gran polémica porque su condición de insumiso ha acabado propiciando su entrada en prisión.

 

  El joven sevillano de Mairena del Alcor ---- -------  ----- tendrá que ingresar el próximo martes en prisión por un delito contra la salud pública cometido por su adicción a sustancias estupefacientes hace cuatro años y una vez que ya se ha reinsertado en la sociedad, según criticó ayer la Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida.

 

Hay miles de casos, no acabaría jamás. En contra partida las sentencias que se dictan contra lo jueces y comenzando por la última son como siguen:

 

Así, el Supremo condena a De Urquía a veintiún meses de suspensión de su cargo de magistrado y multa de 73.800 euros en lugar de a los dos años de prisión, los siete de inhabilitación para cargo público y la misma multa que le impuso el TSJA.

Tribunal, el de Andalucía, que había dejado demostrado que la aceptación de 73.800 euros existió, es más, el pidió esa cifra a Roca para un uso muy concreto. Luego la condena es la de devolver el fruto causante y, puesto que ya ha transcurrido el tiempo de condena de inhabilitación, mañana mismo podrá optar a una vacante.

Sin rubor alguno. Reinventaremos la palabra “corrupción” como reinventamos no hace mucho “democracia”. España aportó al mundo las democracias bananeras que se ejercen en medio mundo.

Carlos Ruiz Santamaría, considerado el comisionado de los carteles colombianos de la droga y coordinador de las operaciones de desembarco a gran escala en Europa, fue detenido tras el intento de introducir en España casi 10 toneladas de cocaína en el buque Tammsaare.

El Negro se dio a la fuga nada más salir y la magnitud del escándalo provocó una tormenta judicial y política que se saldó con sanciones de siete meses de suspensión para el ponente de la resolución y seis meses para los otros dos magistrados. El Supremo anuló las sanciones.

Sin rubor alguno.

El padre de Mariluz tacha de golpe a la sociedad la decisión del Poder Judicial de multar con 1500 euros al juez Tirado

No puedo añadir nada más a esto. Excepto que el golpe a la Sociedad no se dio ese día, viene de atrás, viene de mucho atrás.

 

Un nuevo y escandaloso error vuelve a sacudir el sistema judicial español. El capo albanés Astrid Bushi, que lideró el asalto a la casa de José Luis Moreno el 20 de diciembre de 2007, está en libertad por un fallo del juzgado de Alcobendas.

 

Esta aun está por sentenciar, pero las fotografías de su victima feliz junto al ministro alado, con su picarona sonrisa, era una publicidad de eficiencia tan impagable, en su falsedad, que no he podido reprimirme de incluirlo. Hay miles de urbanizaciones prácticamente abandonadas a su suerte, el trabajo policial queda muy lejos de ser profesional por sus carencias y apoya la mitad de su peso en campañas de imagen que los delincuentes profesionales y las mafias se conocen, con lo que la mayor parte de los que van cayendo son desgraciados a los que la sociedad les niega pan y trabajo.

O han caído en algún cepo social anacrónico o neofeudal.

 

Dándose esta actitud en los casos escandalosos no es de extrañar que salgan pocas noticias sobre las sentencias a jueces. Muy pocos abogados se atreven a enfrentarse en una Plaza a su dueño y señor.

Y esto es la consecuencia directa del poder que se otorga a esta “clase social” con la ancha manga de la interpretación de las leyes y de quien es hijo el administrado (¿hay dinero o no hay dinero?), y cual su actitud ante la deidad que él representa

 

España estaba inmersa en las sucias aguas del Franquismo, sobre las que los jueces representaron con fiereza su rol sin importarles el hedor de las detritus sociales y criminales (de estado) que en ellas flotaban, mientras en el resto de Europa se renovaba y reforzaba el concepto de independencia y estricta autonomía de la Justicia, de la mano de luchadores por los derechos del Pueblo, que allí si sobrevivió alguno, a pesar de los muchos que quedaron por el camino, aquí no quedó nadie. Más adelante demostraré que los que levantan sus banderas no son ni los hijos que robaron.

... Estos países tuvieron la suerte de contar con intelectuales que vivieron la experiencia de regímenes totalitarios, que avisaron -y fueron escuchados-, que solo lograrían sobrevivir si se mantenían los Tribunales independientes (Radbruch en Alemania, Ripert en Francia, Allen en Gran Bretaña…), consiguiéndose in extremis su reanimación, gracias a tales esfuerzos que culminaron en la famosa declaración de Atenas de 1955: “Los jueces se atendrán al imperio de la ley, que harán respetar sin dejarse intimidar por el temor ni seducir por el halago, resistiendo cualquier intromisión del poder público que atente contra su independencia”.

A esto le podemos añadir el concepto de corrupción que se expone en la definición que de ella hace Transparencia Internacional.

La corrupción judicial suele dividirse en dos categorías: interferencia política en el proceso judicial por parte del poder legislativo o el ejecutivo, y el soborno. La importancia de una

judicatura independiente no se puede resaltar lo suficiente. Todos salen perdiendo cuando la justicia cede ante la corrupción, en particular las personas de escasos recursos,

quienes se ven obligadas a desembolsar dinero que no tienen para pagar sobornos.

El soborno a pequeña escala y la influencia política en la judicatura deterioran la cohesión social: instituir un sistema para los ricos y otro para los pobres divide a las comunidades.

“Si el dinero y la influencia son la base de la justicia, los pobres no pueden competir,”

señaló Akere Muna, Vicepresidente de TI

 

En España el concepto de justicia gratuita que proporcione igualdad ante la ley es un absoluto insulto a la inteligencia. Una falsedad conceptual. Y en la lista que publica todos los años Transparencia Internacional, en 2008 ocupamos un lugar vergonzoso.

No hay rencor sino pena. No busco herir a unos miles de jueces que controlan a toda la Nación y nadie les controla a ellos, sino poner fin al sufrimiento de millones de personas que injustamente padecen por sus desmanes. Intenté marcharme muchas veces pero cada vez que decidía hacerlo llegaba una nueva injusticia que me retenía y seguía actuando como abogado aunque con menos fe, convencido de que al ofrecer la Biblia el reino de los cielos a los que padecen persecución por la Justicia  estaba refiriéndose a España, consciente de que no hay forma alguna de arreglarla. 

Este es el ánimo del que se atreve a plantar cara por su propia dignidad y la del entorno en el que se desenvuelve como ser humano. Uno a uno han ido cayendo todos. Antes por las armas y desde que se cerró la veda, social y económicamente.

Y la realidad social resultante de todo esto son unas cárceles masificadas en un 398%, con 20 presos nuevos al día, casi tres veces más que entre 2004 y 2007. En España hay 156 presos por cada 100.000 habitantes. La media en Europa es de 102, mas del 50%. Si a esto le añadimos que hay 1.700.000 ejecuciones retrasadas, se da un panorama entre kafkiano y dantesco.

Dándose la circunstancia de que entran en la cárcel individuos que han tenido un “delito de tráfico” o incurrido en algún delito de los de campaña televisiva masiva, o está reinsertado y lo van ha desreinsertar, por que es eso exactamente lo que le van ha hacer en la cárcel. Pero delincuentes sexuales, mafiosos de todo tipo y otros delincuentes que si son peligrosos y “crean” temor social están en la calle debido a la masificación y la falta de medios. Si se es mal pensado se podría llegar a la conclusión de que tanta ineptitud es imposible, o que solo un experto jurista o un reputado teólogo puede explicar cosas que no están al alcance de las mentes simples de los profanos.       

Pero, déjenme que haga un inciso en la exposición de los hechos. En España, excepto en el corto plazo de ocho años, no ha gobernado la derecha, no. Han gobernado los progresistas?¿Que significa? Ya sé que no es ni mucho menos la primera vez que lo nombro, pero el verdadero significado está en las palabras que tantas veces dijo por televisión para los noticiarios de máxima audiencia, Don Felipe González Márquez, el verdadero significado de todo esto está en la frase “España está en democracia vigilada”. Si le damos una mirada al pedigrí de los dirigentes socialistas surgidos de Surennes en octubre del 74, comprenderemos cual ha sido la realidad de la sociedad española de nuestros días. No solo el señor Bono tiene una ascendencia comprometida, democráticamente hablando. Ni los famosos abuelos de otros lo que parecían ser cuando se nombraron la primera vez. La democracia española resultante de esta mascarada no podía ser de otra forma que al servicio del poderoso, con todos los medios de masas del lado adecuado, los más conocidos medios progres tienen ascendencias igualmente impresentables. Y los que no la tenían hace mucho que cerraron sus rotativas, o fueron “adquiridos”, se me ocurren unos cuantos. Y conocen exactamente quien les da de comer, esa es la ley en España desde el 39, no caer en desgracia, que ningún poderoso se fije en ti de mala forma por que vas a conocer cuan grande es la democracia. Los clanes son la única forma de supervivencia, y el respeto a la regla sagrada, la omertá.  

Y los muertos siguen presentes para muchos por que no se les enterró, se dejaron colgados de la memoria de sus seres queridos, colgando al sol de la miseria moral de todos vosotros, preñando el aire con el dulzón hedor que jamás se olvida. Junto con este remedo de democracia cavasteis una fosa común en la que pretendisteis enterrar todo lo mucho que tenias para ocultar: varias tipologías de  crímenes contra la humanidad, instituciones infantiles criminales, psiquiátricas (de las que negáis información a sus victimas directas, los hijos de los internos), médicas, penitenciarias). Y sobre todo ello cimentasteis una sociedad enferma de mentiras y falsificación continuada.

 Si nos fijamos en los logros sociales de todos estos años veremos que resisten pocos análisis en profundidad y que se hacen las leyes progresistas como los artificieros, no en vano la mayor parte de los progresistas “con cartera” proceden biológicamente de algún arma del ejercito aire, mar o tierra, son leyes desactivantes del descontento popular, son leyes de imagen. La ley del aborto en España, por poner un ejemplo, es similar a la de la ultracatólica Polónia o la de la Irlanda visceralmente católica, Finlandia y  el ultratradicionalista y profundamente anacrónico Reino de Gran Bretaña. Estos cuatro tienen una normativa algo más suave que Malta o Andorra un coprincipado entre el obispo de turno en la La Seu d’Urgell y el presidente francés, en estos seis países aun en pleno siglo XXI, con libre transito de personas, se puede ir a la cárcel por abortar; la mujer con problemas de esta naturaleza queda en manos de la buena fe del que le toque decidir sobre su futuro, mientras en los otros veintinueve países europeos existe una ley de plazos. Que las mujeres con posibilidades económicas (que no sepan como solucionar el asunto en sus propios países, corrupción, soborno y cosas así), no tiene impedimentos en tomar unas pequeñas vacaciones con todos los gastos pagados. Pero la gente sin medios económicos y las niñas quedan a merced de un sistema muchas veces moralmente miserable, que defiende posturas como la objeción de conciencia en individuos que cambian de actitud si está en su horario de asistencia privada. En algunas comunidades como la valenciana se obliga a las niñas con engaños a tener el niño para luego darlo en adopción. Como en los mejores tiempos de posguerra con las presas republicanas, que antes de matarlas esperaban a que tuviese el niño que esperase. Los estudios psicológicos a este respecto no les importa lo más mínimo, o se habrán hecho hacer alguno por algún psicólogo confesional.                                                      Ahora Dña. Bibiana Aidó, después de haber creado el caos en las familias y haber desecho cientos, sino miles, impidiendo una reconciliación después de cuatro gritos por que hubo un empujón, a prometido un cambio en la ley del aborto, quiere convertirnos en un país normal que dé una oportunidad de decisión a las mujeres, sin tener que comprar a nadie, ni suplicar piedad. Espero que los tenga tan bien puestos para llevar a cabo su promesa como lo ha estado para gastarse una fortuna en publicidad institucional en volvernos locos a todos. Yo conozco los malos tratos de cerca, y como otras muchas personas que también los conocen por que trabajan con ellos, con sus victimas, esa nueva ley a venido a dañar más que ha beneficiar. Puede aun decepcionarnos más. Con el engaño, y dejarse arredrar por la poderosa y retrograda iglesia católica. Y esta vez, déjense la mesita del trilero en la Moncloa.

En estos veinticinco años has tenido que tener necesidad de abortar para comprender que te habían engañado, que era mentira, pero eso quedaba en la intimidad de las indefensas mujeres, que además al ser un tema tan delicado se comparte poco; luego la estafa política queda entre unos pocos, mientras que las masas bien pensantes creen que es un tema solucionado por Don Felipe González. La ley del aborto era una falsedad que pocas mujeres sin recursos se han podido permitir, como siempre los más débiles han quedado fuera.

En la actualidad, en España, se está haciendo, lo que llaman los medios de comunicación, una “caza de brujas”, en la que un juez está llamando a declarar como ¿testigos? a 27 mujeres que abortaron legalmente, todas en la misma clínica, mandando a la Guardia Civil de Medio Ambiente (La Guardia Civil es una especie de entre policía y militar, pues hace las veces de policía pero pertenece al ejército) a sus casas a llevarles la citación. Parece ser que por una denuncia hecha en junio de 2006 por el grupo ultra religioso “La Vida importa”, a varias clínicas madrileñas, sobre unas supuestas irregularidades en la retirada de residuos biológicos. Todo eso ya se investigó por el propio Seprona en su momento que mandó los datos al juzgado y el juez archivó el caso. El juez del juzgado número 47 de Madrid, activó el caso contra una de las clínicas y pidió un informe al Instituto Anatómico Forense, que resultó negativo y no encontró ninguna ilegalidad, a pesar de lo cual el magistrado siguió adelante hasta el momento actual. Lo curioso, lo resaltan todos los medios, es que dicho juez no ha mandado aun llamar a los responsables de dicha clínica ni de ninguna de las clínicas demandadas en su momento. En cambio hoy ha mandado a la policía judicial de la Guardia Civil hasta Córdoba para que tomasen declaración a una de las mujeres que abortaron.

 

Este ha sido, el final de una larga y tortuosa lista de injusticia y tratos inhumanos a los que se ha estado sometiendo a la mujer española. Tengo localizados cientos de casos, (tiene que dar a luz a un niño sin cerebro, mujer de ocho meses de un cadáver se tiene que ir a Paris por que le niegan abortar, etc. etc. etc. etc.), Donde comienza la palabra tortura. Como podéis llegar a casa y dormir, y mirar a la cara a vuestros hijos. Malditos seáis, almas miserables.

El juez, atendiendo a que el Código Penal posibilita el castigo del aborto con una pena de cárcel o una multa económica de forma alternativa, y teniendo en cuenta también que la mujer tiene más hijos a su cargo y que actualmente sólo cobra 400 euros mensuales, se decidió por la sanción económica, condenándola a pagar dos euros diarios durante seis meses, es decir, 360 euros en total. Ahora le quedarán 340 euros al mes para dar de comer al resto de los hijos, que no se dice cuantos.

El aborto se lo practicó ella misma como en el tercer mundo, no ha habido ningún profesional con humanidad para actuar. Yo siento a veces una profunda vergüenza de la imagen que damos en el exterior, incluso de ser español.

Esto es parte de una benevolente condena de un benévolo juez, que podía perfectamente no haberlo sido. Es de marzo de este año 2009.  Es la falsificación social en la que se han especializado nuestros democráticos dirigentes. Hoy he oído al divulgador científico Eduardo Punset hablar de los muertos de la guerra civil relacionado con la capacidad del hombre para imaginar el futuro. Con cerebros de esta capacidad para crear tal ingeniería de cartón piedra virtual, no me extraña en absoluto el perfecto resultado, la falsificación es buenísima, podríamos decir que es una falsificación artística. Algún día me gustaría que me explicase cual es la labor de un comunista en el seno neurálgico del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuantas ecuaciones del hambre ha solucionado? ¿O su labor era creativa? Por cierto soy desgraciado desde la más tierna infancia. ¿Le dice algo la expresión persecución selectiva? Esa es la realidad en España ¿feliz? ¿Como?

Otra ley que también conforma una imagen bastante clara de sus artífices, es la Ley de la Memoria Histórica. La perfección de la falsificación sigue siendo tan excepcional como todo lo realizado en materia de leyes por parte de los progresistas, en el poder desde prácticamente el inicio de la democracia, excepto el tiempo de Alfonso Suárez y del guerrero Aznar.

Esta es la opinión de sus “beneficiarios”:

1.    Ponen al mismo nivel – injusto e ilegítimo – al gobierno Constitucional Republicano que intentaba mantener el Estado de Derecho y las libertades civiles, con los tribunales militares de los sublevados.

2.    No se declara la ilegalidad de los tribunales del Franquismo, y consiguientemente la anulación de todos los juicios, incluyendo los del Tribunal de Orden Público. Tampoco dice nada de la responsabilidad de la fiscalía que surge del no cumplimiento, en el caso de las víctimas del franquismo, por el cual tiene la obligación constitucional de investigar todos los crímenes y, más aún, los que por su naturaleza pueden considerarse crímenes graves contra los derechos humanos o el derecho penal internacional.

La clave de este vergonzoso acuerdo es que se habla de ilegitimidad, o sea se busca una forma de que algo cambie para que todo siga igual. No se declara la ILEGALIDAD de la dictadura y sus tribunales. Tratan de crear confusión entre “ilegítimo” e “ilegal”, buscando hacerlos sinónimos cuando en derecho tienen una aplicación cualitativamente distinta.

Dejará tanto margen a la interpretación de su Señoría como todo lo demás. No es que tenga nada que oponer, es perfecta, es una falsificación perfecta, una vez más se desactiva una legítima protesta de una parte de la sociedad española humillada desde los tiempos del creador, el sin igual, Antonio Vallejo-Nágera. O se intenta desactivar. Por que quiero creer que no va ser tan fácil ocultar esta vil traición. Que vergüenza me dais. Ahora os gastareis lo que no es vuestro en reflotar la imagen perdida. La Historia no os a de tratar bien. La verdad de vuestra verdadera personalidad política saldrá a la luz, me consta que historiadores insobornables, dirán la verdad sobre los que a ella paséis, de cuantos estéis implicados en esto. Que vergüenza me dais. No hay servicio más útil que el de la quinta columna.

La miseria económica se extiende por doquier mientras los que llevan 70 años acaparando dinero nos hacen comprender con total percepción a quien pertenece el poder y por qué. Y quienes son sus siervos.

Uno nuevo que se ha conocido este lunes es la cantidad de ejecuciones hipotecarias registradas en 2008 cuyo número (58.686) es más de doble que los 25.943 procesos planteados el año anterior en los juzgados civiles, los pertinentes en estos casos.                                              De hecho, el año pasado se solicitaron tantas ejecuciones hipotecarias como en 2005, 2006, y 2007 juntos, superando ligeramente las previsiones del CGPJ, que preveía 53.272 procedimientos.                                     Para este año, el órgano espera un crecimiento algo más moderado, del 43,5%, lo que arrojaría 76.463 ejecuciones hipotecarias, que pueden afectar tanto a particulares como a empresas, ya estén en concurso de acreedores o no.

Mientras tanto, el resto de la sociedad que aun tiene oídos para escuchar el día a día de las noticias, no deja uno solo de oír noticias sobre esta o aquella corrupción política, policial o judicial aunque estas últimas sean tan difíciles de perseguir, ¿por quien?

    Por doquier hay mafias organizadas que acechan a la administración de Justicia y a los jueces. Grandes mafias organizadas que controlan el narcotráfico, el contrabando, la especulación financiera y urbanística, la trata de blancas y la prostitución o el tráfico de inmigrantes. Pero también pequeñas mafias provinciales, incomprensiblemente toleradas, que 'pelotean' facturas para defraudar al fisco en materia de IVA, que establecen conexiones 'privilegiadas' para obtener permisos de trabajo o que se presentan a sí mismas como 'conseguidores' de pensiones de la Seguridad Social para beneficiarios a quienes no les corresponden. Estas pequeñas mafias se fundan por grises personajillos, usualmente abogados, graduados sociales, gestores o asesores que tejen su tela de araña captando su 'trabajo' en el medio rural o a través de cómplices en las Administraciones públicas correspondientes. Que han sido o son funcionarios públicos o tienen los contactos internos precisos para obtener información y trato privilegiado. Y que sueñan con 'codearse' con los jueces, como en La escopeta nacional.

 

En España se ha optado por un sistema en que la independencia del poder judicial no se ciñe sólo al ámbito de la jurisdicción, que culmina en el Tribunal Supremo. Parte de la gestión de la justicia recae en manos de los jueces, a través del Consejo General del Poder Judicial, unido por la cúspide con el Supremo. Lo cual es, a menudo, un factor de confusión y merecería una reflexión sin presiones ni urgencias.

 A. QUIJANO.

Fuentes:

justicia-pueblo.org/ -- http://www.memoriahistorica.org/  --www.cadenaser.com --  www.juecesdemocracia.es  - www.elpais.com – www.20minutos.es – www.publico.es -  www.abc.es – www.elmundo.es –  www.rtve.es – comentariosyopinion.blogspot.com – www.rincondelvago.com – es.wikipedia.org      

 

  

                          

 

 

 

Desmemoria histórica.


Robándole la expresión a Claudio Magris, la Memoria Histórica se enfrenta a una afilada hostilidad. Proviene de donde era previsible: de los herederos del sistema anterior; de los que piensan que, como dijo aquel fiscal de cuyo nombre más vale no acordarse, los dictadores suspenden temporalmente las democracias. Pero sorprende que el Proyecto de Ley de la Memoria Histórica le propina a nuestra convivencia un rejón absurdo: la revisión de sentencias se hará -eso pretende al menos- por una comisión de expertos, se expedirán certificados de injusticia y de los documentos donde el horror consta se harán desaparecer referencias a los autores de las sangrientas fechorías. En román paladino eso es desmemoria a tutiplén.

Los supervivientes de la Guerra Civil y de una postguerra de 40 años y sus familiares reclaman que se les devuelva su dignidad, ante ellos mismos y ante todos. Exigen, porque es de justicia, que se deshagan los juicios donde se les condenó sin ley, sin pruebas y sin garantías por agrupaciones que con humor macabro alguien denominó tribunales. Una tras otra, sus peticiones de revisión de aquellos aquelarres van siendo rechazadas, una y otra vez. Las esperanzas puestas en la ley decaen a ojos vista. Así, entre hostilidad y la pacata equidistancia se vuelve a hacer puré la vida de miles de españoles y la calidad democrática española baja muchos enteros.

Ante este estado de cosas, la estrategia de recuperación de la dignidad personal y colectiva debe ser revisada y llamarse a las cosas por su nombre. Acudir, pues, al expediente de la revisión estaba de entrada abocado al fracaso: está claro que los tribunales sólo aplican de modo formal y aconstitucional una institución preconstitucional y literalmente más que limitada. Ampararse en la irretroactividad de la Constitución es una añagaza. Si fuera verdad esa mentira en los matrimonios celebrados antes de Magna Carta seguiría mandando el marido. Afirmar que anular una sentencia del TOP o de un consejo de guerra es atentar contra la seguridad jurídica resulta grotesco. Afirmar eso es afirmar también que la dictadura es superior a la Democracia, pues ésta no puede deshacerse de aquélla, pese a que sí sucede al revés; también supone afirmar la supraconstitucionalidad de la seguridad jurídica por encima del valor superior de la Constitución que es la Justicia. O lo que es lo mismo: la Constitución está supeditada a estructuras ajenas a la misma, a voluntad del operador. Lo único seguro jurídicamente es el acto de barbarie.

Hay que superar este mal trago. Dos vías se abren. Una: seguir impetrando la revisión imposible, agotar la vía española y acudir a Estrasburgo para que apliquen la doctrina de cientos de condenas a los países del Este en materia de reconocimiento del derecho de propiedad expoliado por los sóviets; sin embargo, visto el efecto material que tiene la jurisprudencia de Estrasburgo entre nosotros, aumentará el calvario del peregrinaje por media Europa, pero nuestros soberanos tribunales seguirán, como suelen, en sus trece. Es una vía larga, costosa y de resultado incierto.

La vía segura y, por tanto, necesaria, en materia de las condenas franquistas, penales, militares y gubernativas y de otros despojos de similar jaez es seguir el modelo alemán, esto es, la Ley federal de 1-9-1998, de supresión de las sentencias injustas del nazismo. Obsérvese que no habla de nulidad, sino de supresión de las sentencias totalitarias. Ello es consecuencia de que no cabe equiparar la nulidad de nuestro sistema, el propio de un Estado de derecho, con el de una dictadura. Sin embargo, este ha sido el planteamiento con un exceso de buena fe y de buena voluntad de quienes lo han intentado en la vana creencia de que la Democracia había llegado a todos los órganos de los poderes públicos.

Por ello, en Alemania es la Fiscalía, a la que se le dan una serie de pautas, quien atiende las peticiones de eliminación de los actos injustos y oficia directamente al registro de penados, pues la eliminación de la sentencia comporta la supresión de todas las consecuencias accesorias. Para ello resulta recomendable que esa Ley, debidamente traspuesta en España, contuviera la lista de disposiciones injustas y los órganos, judiciales o de cualquier índole, que las aplicaban.

Dicho de otro modo: no se repara la injusticia que la barbarie represiva del franquismo supuso, autorizando, como se viene pretendiendo, la revisión del acto de brutalidad recibido. Se repara expulsando del ordenamiento jurídico y de sus registros los documentos que los reflejan; equipararlos a nuestras sentencias es perseverar en la infamia.

Desde luego, tal como se ha presentado el proyecto de Ley de la Memoria Histórica, y salvo mejoras sustanciales durante su tramitación, el apartado dedicado a la reparación de la memoria judicial es incalificable. Diferir a una comisión de expertos la última palabra en la emisión de una declaración de algo sabido (que la sentencia fue injusta) engrandece el parto de los montes. No acaba ahí la cuestión: la declaración así confeccionada no podrá contener referencia a los que intervinieron en el acto contra la humanidad ni hacerse referencia a las actuaciones que dieron lugar a la condena. Al proyecto de Ley le ha faltado requisar, como requisito previo para iniciar este proceso de certificación, el original y copias de la sentencia contra la que se clama y hacer firmar a los promotores del expediente una declaración de perpetuo silencio al respecto. La certificación en cuestión se parecerá mucho a la carta del soldado del frente tras pasar por la censura militar.

No deja de ser llamativo que en las instituciones democráticas se hayan llevado a cabo un muy recientemente homenaje a algún superviviente del franquismo. Tamaña bofetada al sistema actual sólo es comprensible por parte de quienes, como decía el añorado Tomás y Valiente de algún homenajeado, puede que les quepa en la cabeza el Estado, pero, desde luego, no les cabe el Estado de derecho. A nuestro Estado de derecho todavía le queda por recorrer el camino de la memoria con dignidad.

[Fuente: Por Joan J. Queralt, El País, Madrid, Esp, 05ene07]


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